Defensa Judicial y Extrajudicial

En Q&N Corporación contamos con Profesionales especializados que brindan acompañamiento jurídico en cada uno de los procesos de defensa judicial a que se ven abocados los entes territoriales del orden nacional, departamental y municipal, nuestro objetivo es defender los derechos e intereses de nuestro interesado.

Es una necesidad que el Estado se defienda jurídicamente por medio de estrategias en el desarrollo de procesos judiciales específicos; e igualmente, se asesore y gestione su defensa por medio de abogados expertos en el manejo de esos conflictos para contrarrestar, entre otros aspectos el eventual éxito de las pretensiones de la parte demandante y los lesivos resultados al patrimonio público.

En nuestra Empresa se realiza el diseño de estrategias de defensa que eviten condenas judiciales, atenúen su impacto o se persigan la búsqueda del cumplimiento de un orden justo en cualquier situación suscitada.

La Defensa Judicial del Estado, se debe entender como una finalidad de la función pública; pues de igual forma, los ciudadanos como sujetos de derecho, si bien cuentan con vías administrativas y extraprocesales para hacer sus reclamaciones al Estado, ellas son el camino previo, o conducto regular para en definitiva, hacer uso de las acciones jurídico-procesales o litigiosas, en caso de ser necesario y procedente.

Desde el punto de vista funcional la defensa Judicial y extrajudicial, se refiere al conjunto de acciones jurídico-procesales de intervención estatal en asuntos contenciosos; como a las acciones de formulación y adopción de estrategias de prevención, protección y ejercicio de la actividad litigiosa; las cuales serán gestionadas por nuestros Profesionales para proteger los intereses de la nación y el patrimonio público en escenarios extraprocesales, administrativos y privados con fines prejudiciales o judiciales de derecho interno o internacional; cuando el Estado, a través de su estructura, está llamado a comparecer como parte activa, pasiva o tercero interesado.

La defensa judicial del Estado es un componente articulador, junto con la producción normativa, la contratación y la Asesoría jurídica; y ésta, debe formar parte obligatoriamente de la formulación de políticas en materia de mejoramiento de la administración pública para el desarrollo y fortalecimiento del Estado; y la protección de los recursos públicos.